«Este es un gobierno popular y con La Salada no se va a meter» Sentenció Guillermo Moreno.

La feria La Salada se transformó en un fenómeno que se explica en parte por la protección policial, política e incluso judicial que recibió durante las últimas dos décadas. Durante su corta e intensa historia, pasaron nueve presidentes, 19 ministros de Economía, cientos de diputados y senadores, seis gobernadores de la provincia de Buenos Aires, 9 intendentes de Lomas de Zamora y decenas de concejales.

En su libro «La Salada, Radiografía de la feria más polémica de Latinoamérica», el periodista Nacho Girón repasó varias historias que sirven para graficar cómo desde el Estado se fomentó un caldo de cultivo para la ilegalidad.

El ex presidente Néstor Kirchner mantuvo una relación ambigua con La Salada: dejó fluir su desarrollo aunque también fue el primer político que dio luz verde para contenerla dentro de ciertos márgenes.

El golpe inicial se engendró en el período 2003-2007, con el peronista Felipe Solá en el sillón de gobernador bonaerense. La misión de controlar el comportamiento del paseo popular recayó en Santiago Montoya, entonces subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia.

Dispuesto a que Urkupiña, Ocean, Punta Mogote y la incipiente La Ribera tributaran al fisco por su labor, Montoya organizó una reunión con los administradores en una casona que servía como oficina de Rentas.

Miren, nosotros tomamos una decisión: si no pagan, les voy a hacer un lío bárbaro y los voy a poner en las tapas de los diarios. ¡Esto va a ser un escándalo! –advirtió.

Hubo miradas cruzadas fulminantes. Quejas. Chicanas. El diálogo se encauzó luego de una aclaración importante:

No estamos en contra de que laburen, pero tenemos el derecho y la obligación de que cumplan con las normas que cumple un comerciante en otros lugares.

El más mediático de los operativos en La Salada se realizó en la madrugada del domingo 15 de marzo de 2009, durante la gobernación de Daniel Scioli. Santiago Montoya, que se había convertido en el director de ARBA, arribó por sorpresa con 220 agentes y el respaldo de la policía local.

Las tres ferias reaccionaron igual:
¿Qué hacen acá? ¡No nos avisaron! –se quejaron.

– ¡Nosotros no les tenemos que avisar nada! ¡Déjennos pasar! –retrucaron los inspectores.

¿Ven? Este conflicto demuestra que siempre nos estuvieron escondiendo cosas, que era lo que yo sospechaba. ¡Es una locura que el Estado tenga que pautar los controles con el controlado! –reflexionó el titular del organismo, vestido con una llamativa campera blanca.

En Urkupiña y en Ocean entendieron que no les quedaba otra y se resignaron.

En Punta Mogote, en cambio, la orden que difundió el jefe de seguridad vía handy fue:

-¡No entra nadie, eh! ¿Me copian? ¡No entra nadie!

Jorge Castillo no estaba presente pero enseguida salió al aire por canales y radios nacionales, en los que no se cansó de denunciar que era «todo una payasada». «Los controles los sufrimos los predios, que somos los que pagamos. ¡Nunca joden a los que están en la calle!». En paralelo, avaló la resistencia.

A los pocos minutos, Montoya y sus empleados se retiraron bajo una lluvia de huevazos.

———

La postura pendular del kirchnerismo con respecto al enorme negocio popular queda en evidencia con los contradictorios criterios políticos que se aplicaron entre 2003 y 2010.

Un ejemplo: durante su mandato, Néstor recibió en la residencia de Olivos a un jovencísimo Martín Insaurralde que aún era secretario de Gobierno del intendente Jorge Rossi pero que a partir de octubre de 2009 heredaría el tan preciado cargo.

– Viste el temita que tenemos con las ferias… ¿qué opinás? –consultó Insaurralde.

El presidente estaba más relajado que de costumbre, por lo que el diálogo fue fluido.

– Y… es un fenómeno social de una Argentina en crisis; hay que dotarlo de infraestructura –le respondió.

Las últimas palabras fueron casi un mensaje de esperanza:

– ¡Eso lo tenés que organizar! Vos sos joven y tenés tiempo. ¡Hacélo! El estado tiene que encargarse de darles las herramientas…

Pero a la hora de los hechos, la voluntad del movimiento peronista para mejorar los aspectos más cuestionables del paseo comercial no fue ni es tan firme como parecía desprenderse de aquel intercambio en la residencia oficial.
Basta, sino, con analizar la escasa preocupación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo dependiente del ministerio de Economía que podría combatir el empleo no registrado, la evasión, la falsificación y el fraude marcario. «Acá se mira para el costado. Si quisiéramos hacer una inspección, la podríamos hacer tranquilamente. Y eso no sucedió nunca. Veinte años después, la mayoría de los que laburan acá no saben ni dónde está Ingeniero Budge», confían puertas adentro.

Un último ejemplo de las paradojas del entramado kirchnerista lo protagonizó Guillermo Moreno, el fiel secretario de Comercio Interior, que el 16 de abril de 2010 citó a un centenar de fabricantes textiles a su base de operaciones en el centro porteño. – Quiero que retrotraigan los precios a los que regían hasta el 22 de marzo –indicó, seco.

El hombre hizo un silencio que duró apenas segundos, lo suficiente como para que lo increpara una empresaria que trabajó en Urkupiña, Ocean y Punta Mogote.

¡Usted no tiene idea por qué aumentarnos! ¡La competencia es terrible!

¡Está todo dicho! Si quieren aumentar, me tienen que traer un informe que justifique por qué –respondió, molesto.

¡Ah, que bárbaro! ¿Por qué no viene conmigo a las tres de la mañana a las ferias así ve con sus propios ojos contra lo que estamos luchando?

Ante la mirada sorprendida de los presentes, Moreno dijo:

– Yo no me puedo meter del Riachuelo para allá…

Y cortó la polémica, sin más. No hubo repreguntas o especificaciones, pero varios salieron de la sala masticando sabor a desigualdad e injusticia.

Una fuente de la secretaría, que estuvo presente en la reunión, jura que le escuchó decir a su jefe:

– ¡Este es un gobierno popular y con La Salada no se va a meter! Es más, la va alentar, porque es el shopping de los pobres…

Muestrame
Close